La política institucional en favor de la investigación
La política institucional en favor de la investigación se refiere a las prácticas y a las producciones que cada unidad de investigación facultada asume cotidianamente para aplicar su programa científico. Oficialmente reconocida por el Ministerio de Cultura y Comunicación, cada unidad se desarrolla sobre la base de los recursos humanos (personal de investigación de la función pública de todos los estatutos y cuerpos) y de los recursos presupuestarios de que goza, empezando por el apoyo básico asignado por la Dirección General de Patrimonio. En algunos casos, la unidad de investigación también es reconocida por el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), que puede asignarle personal administrativo y/o de investigación, así como créditos. La escuela, en cuyo seno se sitúa esta unidad, le concede por otra parte medios más o menos consecuentes. Así se identifica esta forma de investigación científica que se inscribe en el largo plazo y que, en la comunidad científica nacional, europea o internacional, tiende a garantizar la identidad institucional de los laboratorios.
Los plazos tradicionales de la política institucional en favor de la investigación se ajustan al ritmo quinquenal de los procedimientos de evaluación actualmente establecidos por la instancia de evaluación nacional a la que se asocia la tutela ministerial de las escuelas nacionales superioras de arquitectura (ENSA). Los comités de expertos procedentes del ámbito de la enseñanza superior y de la investigación realizan un análisis global y detallado de la unidad, su evolución y su posicionamiento local, regional y europeo. El peritaje abarca, en particular, su proyecto científico, sus recursos humanos y materiales. El análisis conduce a un dictamen global de la unidad, precisa los puntos fuertes y las perspectivas, subraya los puntos que deben mejorarse y las debilidades de la unidad, y por último formula una serie de recomendaciones. Las conclusiones van acompañadas de una calificación que se refiere a criterios como: la calidad científica de la producción, la proyección y el atractivo, la integración en el entorno de la enseñanza superior, la estrategia institucional, la gobernanza y la vida del laboratorio. Tras esta evaluación, el Ministerio de Cultura y Comunicación adopta una decisión de habilitación para las unidades de investigación de cada establecimiento.
