Señora Presidenta, señor Presidente,
Señor Presidente de la Comisión de Asuntos Culturales y Educación, querido Bruno Studer,
Señor ponente, estimado Laurent García,
Señoras y señores diputados,
No hay democracia sin una prensa libre.
No es algo nuevo.
El 11 de septiembre de 1848, en su discurso a la Asamblea constituyente, Víctor Hugo defendía que la libertad de prensa no es «menos sagrada, no menos esencial que el sufragio universal. »
«El día en que [...] se vería mermada la libertad de prensa [...], añadía, sería en Francia, sería en Europa, sería en toda la civilización el efecto de una antorcha que se extingue! »
No podemos dejar que esta antorcha se apague.
Y no dejaremos que se apague.
Si queremos mantenerlo encendido, hoy debemos reavivar su llama.
Si queremos proteger la prensa y su libertad, hoy debemos modernizar su distribución.
Ese es el objetivo del proyecto de ley que están examinando hoy.
La ley de 2 de abril de 1947 relativa al estatuto de las empresas de agrupamiento y de distribución de los periódicos y publicaciones periódicas, denominada «ley Bichet», ha sido calificada a menudo, incluso en este hemiciclo, de «icono de la República».
En el contexto atormentado de la posguerra, ha permitido garantizar la efectividad del principio constitucional de pluralismo de las corrientes de pensamiento y de opinión.
Como afirmó el Consejo Constitucional en 1984, la libre comunicación de pensamientos y opiniones sólo puede ser efectiva si el público está en condiciones de disponer de un número suficiente de publicaciones de tendencias y caracteres diferentes.
Esto implica que todos los periódicos de información política y general estén disponibles en todo el territorio nacional.
Es una condición para la efectividad de la libertad de prensa.
En la actualidad, los objetivos de la Ley Bichet siguen siendo garantizar la pluralidad de la información y la igualdad entre los editores, independientemente de su tamaño o de las opiniones que transmiten.
Y las apuestas digitales hacen que esta ley sea aún más necesaria.
Por una parte, la difusión digital presenta los mismos retos en relación con los objetivos de pluralismo. Por esta razón, el proyecto que se les presenta prevé la ampliación de los principios fundamentales de la Ley Bichet a la difusión digital.
Por otra parte, creo profundamente en el futuro de la prensa de papel, en su anclaje en nuestros territorios, en su utilidad para el debate democrático. El sector se enfrenta hoy a importantes transformaciones: más de 6.000 puntos de venta cerraron entre 2011 y 2018, en las grandes ciudades pero también en ciudades medianas o municipios; y ustedes conocen las dificultades económicas recurrentes que encuentra la sociedad Presstalis, mensajería que garantiza hoy la distribución de la totalidad de los diarios nacionales. La empresa se benefició de un plan de continuidad homologado en marzo de 2018 por el Tribunal de Comercio, al que el Estado contribuyó con un préstamo de 90 millones de euros. Este año tendrá unos fondos propios negativos de unos 450 millones de euros.
Esta situación hace indispensable la adaptación de la Ley Bichet.
Porque si es un icono de la República, no debe ser un tótem.
Sólo si se moderniza podrá seguir cumpliendo los objetivos democráticos que se le han asignado.
Modernizar la distribución de la prensa en el número, sin romper el sistema actual: esta es la delicada tarea que tenemos por delante.
Delicada, porque no es fácil modificar un texto tan antiguo, tan simbólico.
Delicado, porque sobre este texto se ha construido, desde hace más de 70 años, un sistema complejo: un sistema en el que los intereses de todos los actores están íntimamente entrelazados - las diferentes familias de prensa, IPG o no, diario o no; y los diferentes niveles de la distribución: mensajeros, depositarios, difusores... pero un sistema que también ha podido provocar graves disfunciones y que ha demostrado claramente sus limitaciones.
Sin embargo, creo que el proyecto presentado por el Gobierno logra resolver esta ecuación.
Porque es fruto de un trabajo largo, profundo, realizado en constante concertación con el conjunto del sector.
Porque se trata de un texto equilibrado y protector de la integridad de la distribución de la prensa.
Y porque permite preservar, la diversidad de las publicaciones, garante de la expresión de la pluralidad de opiniones, un servicio de proximidad, en todo el territorio nacional, y muy especialmente en las zonas rurales y el futuro de un sector y de profesionales que para algunos hoy se enfrentan a dificultades.
Sí, este proyecto de ley preserva los principios esenciales de la Ley Bichet, la base sobre la que se construyó nuestra red de distribución.
Preserva el principio cooperativo obligatorio, al que están muy apegados los principales actores del sector, que lo consideran una garantía fuerte de equidad de trato entre todos los editores.
He oído decir, aquí o allá, que el proyecto de ley pondría fin al sistema cooperativo; es inexacto, lo hemos mantenido bien.
El proyecto de ley preserva también el derecho absoluto a la distribución de todos los títulos de información política y general, que seguirán siendo libres de elegir los puntos de venta donde se distribuyen sus títulos y las cantidades servidas.
Por último, preserva un sistema que permite el acceso, en todo el territorio nacional, a una gran variedad de publicaciones.
Porque si Francia propone el mayor número de títulos en Europa, es gracias a la ley de 1947.
Gracias a la ley Bichet.
Sin embargo, en su redacción actual, la ley plantea una serie de dificultades sobre las que nos han informado los numerosos informes y análisis realizados desde hace más de diez años.
En primer lugar, la propiedad mayoritaria obligatoria del capital de los servicios de mensajería por los editores coloca de hecho a estos últimos - a la vez clientes y accionistas - en una situación estructural de conflicto de intereses, donde los intereses del cliente tienden a prevalecer sobre el equilibrio económico y financiero de los mensajeros.
En segundo lugar, aunque desempeñan el papel esencial de interfaz comercial con el cliente lector, los vendedores de periódicos no tienen hoy ningún control sobre el tipo de publicaciones que reciben ni sobre las cantidades de ejemplares entregados.
Tenemos que dar un verdadero margen de maniobra a estos actores esenciales del sector, y a su capacidad de adaptación a las realidades del mercado.
Por último, los órganos reguladores del sector disponen de prerrogativas y medios demasiado limitados.
Sin cuestionar la calidad del trabajo realizado por los equipos del Consejo Superior de Correos de Prensa y de la Autoridad de Regulación de la Distribución de la Prensa - a los que quiero rendir homenaje, por su compromiso constante en apoyo de la modernización del sector, frente a juegos de actores a menudo complejos - la regulación no está hoy en condiciones de acompañar eficazmente la modernización del sector, ni de garantizar su perennidad.
El proyecto que tienen ante ustedes tiene por objeto remediar esos límites y esas disfunciones, sin poner en tela de juicio los principios esenciales que he recordado anteriormente.
Propone una verdadera modernización del marco legislativo, con modalidades y un calendario que permitan acompañar la transición.
Esta modernización se debe a cinco puntos:
- En primer lugar, el proyecto de ley propone confiar la regulación del sector a la ARCEP, autoridad competente y legítima en materia de regulación económica, dándole poderes de intervención fuertes, en particular por lo que se refiere a la homologación de los baremos, y confiándole un poder sancionador del que carecían el Consejo Superior de Mensajeros de Prensa (CSMP) y la Autoridad Reguladora de la Distribución de la Prensa (ARDP).
- En segundo lugar, el fin de la obligación de tenencia de la mayoría del capital de los servicios de mensajería por las cooperativas de editores debe permitir nuevas perspectivas en términos de estrategias industriales para los actores actuales. También tendrá el efecto a medio plazo de autorizar, en su caso, a otros actores a ofrecer un servicio de distribución de la prensa, a condición - quiero insistir en este punto - de que sean autorizados por el ARCEP sobre la base de un pliego de condiciones estricto, establecido por decreto. No obstante, la posibilidad de que el ARCEP expida autorizaciones a agentes distintos de los dos servicios de mensajería actuales sólo podrá producirse después de una fase de transición.
En efecto, el presente proyecto de ley autoriza al Gobierno a aplazar hasta el 1º de enero de 2023 la publicación del pliego de condiciones que define las condiciones de la autorización.
Eso es exactamente lo que queremos hacer: el Gobierno tiene la intención de utilizar todo ese margen de maniobra para dar a los actores actuales un plazo razonable para adaptarse.
- En tercer lugar - y esto es especialmente importante en nuestros territorios -, el texto prevé dar más flexibilidad a los vendedores de periódicos en la elección de los títulos que distribuyen, fuera de la prensa de información política y general y de la prensa CPPAP objeto de un surtido.
Este eje esencial de modernización debe permitir mejorar su atractivo comercial y proponer una oferta más adaptada a las expectativas de los lectores en nuestras regiones, departamentos y municipios.
Los vendedores de periódicos encontrarán un nuevo aliento, que no podrá sino reforzar el atractivo de un oficio hoy debilitado por condiciones de ejercicio difíciles.
- En cuarto lugar - y eso es todo lo que está en juego en un texto moderno, adaptado a la realidad de los usos de nuestros conciudadanos -, el proyecto de ley amplía los principios de la ley Bichet a la difusión digital. Por una parte, previendo un derecho de acceso a los quioscos digitales para los editores de títulos de información política y general y, por otra, imponiendo a los agregadores de información en línea una triple obligación de transparencia. En primer lugar, en cuanto a sus opciones de destacar los contenidos de información que proponen, luego, en cuanto a la forma en que utilizan nuestros datos personales, y finalmente, en cuanto a los resultados concretos de su parametrización sobre la diversidad de las fuentes de información que referencian.
- En quinto lugar, el proyecto de ley que presentamos confía a la ARCEP la misión de elaborar un esquema de orientación de la distribución de la prensa.
Este esquema de orientación deberá integrar el papel desempeñado por los depositarios regionales de prensa y las perspectivas de evolución.
Estos grandes ejes ofrecen, creo, un marco equilibrado a la indispensable evolución del dispositivo actual de distribución de la prensa al número, cuya perennidad es esencial para el equilibrio económico del conjunto del sector.
La adaptación del estatuto de los vendedores ambulantes de prensa a los retos de la portación multi-título, también propuesta por el proyecto de ley y muy esperada por las redes de transporte, en particular de la PQR, reforzará también la distribución de la prensa en todo el territorio.
Quiero dar las gracias a todos los actores del sector por su contribución, directa o indirecta, a este texto.
Y quiero darles las gracias, Señorías.
Usted ha sabido dar muestras de un espíritu constructivo y transpartisan - bajo sus auspicios, señor ponente, querido Laurent García.
Quiero saludar también los fructíferos debates y el trabajo profundo realizado por la Comisión de Asuntos Culturales y de Educación - señor Presidente, querido Bruno Studer. Gracias a este trabajo, las ambigüedades que podían subsistir en el texto se han eliminado o se eliminarán gracias a los debates que celebraremos más adelante. Me alegro de ello. Usted sabe que estoy muy comprometido con la co-construcción de textos y que estoy convencido de que siempre somos mejores cuando jugamos juntos.
Quiero dar las gracias a los senadores, y en primer lugar al ponente, Michel Laugier, así como a la presidenta de la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación, Catherine Morin-Desailly, que también han contribuido en gran medida a mejorar el texto presentado inicialmente por el Gobierno.
Además de este proyecto de ley, el Gobierno está plenamente movilizado para apoyar al sector de la prensa.
Para garantizar las condiciones de ejercicio de su libertad.
La creación de un derecho afín para los editores de prensa y las agencias de prensa, que ustedes acaban de votar, es una etapa fundamental. Podemos estar orgullosos de ser el primer país europeo en transponer este texto, una vez más gracias a un trabajo transparto eficaz entre las dos cámaras. Ahora deseo que la industria sepa mostrarse unida, para no dejarse llevar por las estrategias de división que sin duda utilizarán las plataformas digitales en las próximas negociaciones.
El apoyo del Gobierno a la prensa se basa en primer lugar en un sistema de ayudas a la prensa: ayudas a la distribución física: portaje, transporte postal y distribución en el número; ayudas al pluralismo para los títulos con escasos recursos publicitarios; pero también ayudas a la modernización, a la emergencia y a los medios de comunicación de proximidad.
Todas ellas son esenciales para la vitalidad de nuestro debate democrático y para el acceso de nuestros ciudadanos a una información fiable y diversificada.
También en este marco y con este espíritu examinamos el proyecto de «plan de sector», presentado por los principales editores de la prensa de información política y general al ministro de Economía y Finanzas Bruno Le Maire y a míincluso, en un objetivo de acompañamiento de la modernización del sector.
Defender la libertad de prensa significa también proteger la ley de 1881, garante de la libertad de expresión.
Sí, las redes sociales permiten abusar de ellas.
Eso es un hecho.
Sí, hay que dar una respuesta específica a los delitos de injuria y difamación, cuando se cometen en Internet.
Es innegable, y ese es el sentido de la propuesta de ley de la diputada Laetitia Avia, que usted aprobó hace unos días.
Pero, ¿hay que sacar la injuria y la difamación de la ley de 1881 y de su régimen procesal específico?
No creo que sea una respuesta satisfactoria.
Una respuesta satisfactoria es aumentar la responsabilidad de las plataformas digitales, reforzar su deber de cooperación con los poderes públicos.
No modificar la ley de 1881. El Primer Ministro lo dejó muy claro la semana pasada en una reunión con representantes de periodistas y editores de prensa.
Esta ley es un todo: proclama una libertad, permite la represión de sus abusos, organiza un procedimiento particular y protector, adaptado al hecho de que «la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del Hombre».
Es este equilibrio el que la funda.
Debemos preservar este equilibrio.
Defender la libertad de prensa, permitir que los periodistas puedan informar, es también garantizar que los ciudadanos tengan confianza en sus medios.
Esta confianza nunca ha sido tan débil.
La creación de una instancia de autorregulación de la profesión podría contribuir a invertir la tendencia.
La reflexión realizada sobre este tema por Emmanuel Hoog, que me entregó su informe a finales de marzo, es legítima y útil, tanto para la profesión como para nuestra democracia.
Ese foro ya existe en algunos de nuestros vecinos.
Su creación es recomendada por varias organizaciones internacionales, como la UNESCO o la OSCE.
Nuestros compatriotas están mayoritariamente a favor.
Escucho las reticencias de una parte de la profesión: los editores de prensa, en particular.
Yo respeto su posición.
Pero me parece que Alemania, Suecia, Suiza o Gran Bretaña - todas ellas dotadas de un consejo de este tipo - no son democracias rebajadas donde la libertad de prensa estaría amenazada.
Quiero recordarlo: una instancia de deontología no es un «Consejo del orden».
No tendría por objeto imponer sanciones - como el Consejo del Colegio de Médicos por ejemplo - sino únicamente emitir dictámenes.
Y, de hecho, quiero insistir en ello, no corresponde al Estado crear tal instancia, aunque pueda acompañarla.
La profesión, y sólo ella, debe organizarse.
El Observatorio de la Deontología de los Periodistas ha iniciado una iniciativa que hay que acoger con satisfacción.
Señoras y señores diputados,
Juntos, estamos escribiendo una nueva página en la historia de la prensa escrita.
Juntos, estamos construyendo el futuro de este sector.
Para construirlo, no empezaremos de cero.
Volveremos a partir de los indispensables logros de la Ley Bichet.
Ese es el sentido del proyecto de ley que están examinando hoy.