Examen del proyecto de ley para fortalecer la libertad, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación

Señor Presidente:

Señor Presidente de la Comisión de Asuntos Culturales y Educación,

Señoras y señores diputados,

En la apertura de esta sesión, al tratarse de una propuesta de ley presentada por la Comisión de Asuntos Culturales, quisiera saludar a mi vez la memoria de Sophie Dessus, cuya brutal desaparición ha enlutado al Parlamento y a todos, que yo era, que tuvieron la suerte de conocerla.

Señoras y señores diputados,

La libertad de expresión y la libertad de creación son inseparables. Sin libertad no hay república. Sin libertades no hay democracia. La defensa de nuestras libertades es el medio más seguro para defender nuestra seguridad. Por eso, después de los atentados que hemos conocido, debemos decir más que nunca en voz alta cuáles son nuestros valores, nuestra ética, nuestras convicciones.

La defensa de la libertad de expresión estructura todos los debates que acompañaron el nacimiento de la República. En 2015, recibimos mensajes de solidaridad de todo el mundo porque atacar París es atacar la patria de los artistas y el refugio de las libertades.

Esto nos dice quiénes somos, quiénes queremos ser, cuáles son nuestros principios.

Para hacer vivir estos principios, el legislador toma en el tiempo caminos diferentes. Quisiera recordar brevemente algunas etapas de este movimiento y mostrar hacia dónde vamos hoy.

La ley de 1881 es tan fuerte que ha permitido encontrar el punto de equilibrio entre la defensa de la libertad de prensa y la defensa de los derechos del ciudadano frente a los posibles abusos de esta libertad.

La ley de 1982, que creó una alta autoridad para garantizar la independencia de los medios audiovisuales frente a las tentaciones del poder político, fue un momento importante de esta lucha por la independencia de un audiovisual nacido del dominio del Estado.

Desde 2012, estas libertades han sido decididamente reforzadas, se han reparado retrocesos y el proyecto de ley que ustedes examinan prosigue este ambicioso camino.

Esta reforma se produce después de la Ley de independencia de los medios de comunicación públicos de noviembre de 2013, en virtud de la cual sus responsables son nombrados de nuevo por un órgano independiente. Esta ley también ha garantizado mejor la independencia del CSA mediante el modo de nombramiento de sus miembros.

Viene después de la ley de presupuestos para 2016, que devolvió a la financiación del sector audiovisual público su plena independencia con respecto al presupuesto general del Estado. Después también la ley llevada por Michel Françaix en favor del pluralismo de los medios de comunicación. Ley que incluía la enmienda Charb, que permite a cada ciudadano ayudar al periódico de su elección, y la creación del estatuto de empresa solidaria de prensa que Charlie Hebdo el primero adoptó en julio pasado.

Pero también me refiero al proyecto de ley sobre la Libertad de creación, a la arquitectura y al patrimonio. Esta ley, que tengo el honor de retomar, consagra la libertad de creación. Dará a los artistas y a las salas de espectáculos armas más robustas contra la censura, el repliegue. Sin hacer de ello una libertad absoluta, ya que los discursos de odio a veces utilizan el pretexto del espectáculo para propagarse.

No me cabe duda de que el proyecto de ley sobre la independencia de los medios de comunicación, que Patrick Bloche lleva a cabo en un diálogo fecundo con el Gobierno, añadirá a este edificio legislativo protector de las libertades.

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Señoras y señores diputados,

He seguido con gran interés sus debates en la Comisión. Y me alegro de los puntos de acuerdo que sus trabajos han permitido alcanzar.

Este proyecto de ley aporta nuevas garantías a los periodistas, a las redacciones y a los medios de comunicación en su conjunto.

Es un texto de gran coherencia y equilibrio que consagra y perfecciona las reformas emprendidas durante esta legislatura.

Quisiera destacar ante ustedes tres puntos principales de este proyecto.

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Primero: la protección de la libertad editorial.

El artículo 1^er permite extender a todos los periodistas, independientemente de los medios de comunicación en los que trabajen, la protección ya existente en favor de los periodistas del sector audiovisual público desde la modificación de 2009 de la Ley sobre el sector audiovisual. Esta protección permite a un periodista rechazar toda presión que le lleve a aceptar un acto contrario a su íntima convicción profesional.

Acojo con satisfacción la adopción en comisión de las precisiones aportadas a este concepto. La articulación con la carta deontológica de la empresa permitirá garantizar una protección eficaz anclada en un marco colectivo compartido.

Segundo: la protección de los medios de comunicación frente a las presiones económicas.

Los ejemplos de presión de los anunciantes sobre la programación no pueden ser ignorados: el artículo 2, confiando al CEA la tarea de velar por que no se atente contra los principios de independencia y pluralismo de la información responde de manera eficaz y pragmática a estos peligros.

Aclaro que estas disposiciones no confieren al CSA competencias que no corresponden a sus atribuciones. Me refiero a la ética y la deontología, que forman parte del diálogo entre periodistas, editores y su público.

El CSA no puede estar dotado de un poder de control ex ante las relaciones profesionales entre los periodistas y su dirección.

Por último, quisiera referirme al tercer punto importante de este texto.

Se trata de la creación de «comités relativos a la honestidad, la independencia y el pluralismo de la información y de los programas».

Sin atentar contra la libertad editorial de los editores, permitirán tratar de manera transparente y concertada todas las posibles amenazas sobre la independencia del medio que se pongan en su conocimiento.

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Señorías, quisiera ahora referirme a las enmiendas que deseo presentarles en nombre del Gobierno.

Empezaré por mejorar las garantías aportadas al secreto de las fuentes de los periodistas. ¡Es un reto democrático importante! Lo que está en juego es la capacidad de investigar, informar y, por tanto, hacer funcionar una democracia real.

Conozco su compromiso con esta reforma. Lo ha demostrado en sus trabajos en la Comisión de Asuntos Culturales. Usted sabe también mi determinación de que esta reforma se apruebe como se comprometió el Presidente de la República.

Por tanto, nos corresponde a todos encontrar el equilibrio más justo entre la seguridad que debemos garantizar a los periodistas en su trabajo de investigación y las garantías de seguridad colectiva que debemos a todos nuestros ciudadanos.

Su trabajo ha permitido introducir importantes mejoras en la ley del 4 de julio de 2010. La Comisión de Asuntos Culturales y la Comisión de Asuntos Jurídicos han perseguido este mismo objetivo con enfoques a veces diferentes. ¡Nos corresponde encontrar juntos el punto de equilibrio que permita aprobar este texto tan esperado!

Entre esas mejoras, quiero citar la obligación de los investigadores de obtener la autorización previa del juez de libertad y detención antes de cualquier acción que pueda atentar contra el secreto de las fuentes. Este control se efectuaba a posteriori en la ley de 2010. ¡Es un gran avance!

Quisiera citar también la extensión de la protección del secreto de las fuentes a todos los colaboradores de la redacción y al director de la publicación, en resumen, a toda la cadena de la búsqueda de la información, donde la ley de 2010 protegía «solo» a los periodistas.

Quiero citar también la prohibición de condenar a un periodista por el delito de encubrimiento de una violación del secreto de la investigación o de la instrucción, de una violación del secreto profesional o de una violación de la vida privada.

En todo esto estamos de acuerdo y es el primer beneficio de nuestro trabajo común.

Hoy nos parece necesario definir mejor también el concepto de imperativo preponderante de interés público, en cuyo nombre puede justificarse atentar contra el secreto de las fuentes.

Frente a los riesgos de interpretación de cualquier fórmula demasiado vaga, precisar lo que puede atentar contra los intereses fundamentales de la Nación definiendo lo que es «grave», da al juez un marco preciso para actuar.

Esta definición corresponde a un equilibrio que les presento en nombre del Gobierno y que es razonable. Tendremos la oportunidad de volver sobre ello durante nuestro debate.

También tendremos ocasión de volver sobre las demás enmiendas que les propongo, y sobre las que no me detengo.

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Señoras y señores diputados,

Defender la cultura, proteger la libertad de creación, garantizar la independencia de los medios de comunicación es hacer fracasar la guerra contra la cultura. Es decir, qué proyecto de sociedad llevamos. Es también un mensaje de confianza de nuestra sociedad hacia ella misma, su capacidad de ser transparente y de construir su futuro, con los ojos bien abiertos.

Le doy las gracias.