La Asamblea Nacional aprobó ayer, en primera lectura, el proyecto de ley sobre la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación, llevada por Patrick Bloche y los miembros de la Comisión de Asuntos Culturales.
El texto amplía a los 36.000 periodistas los derechos de los que hasta entonces sólo disfrutaban los periodistas del sector audiovisual público. A partir de ahora podrán hacer valer su íntima convicción profesional adoptándola a una carta de deontología que los editores y las redacciones están invitados a elaborar conjuntamente. El texto prevé también, para los medios audiovisuales, la creación obligatoria de comités de independencia que podrán alertar a todos los actores, y en particular al CSA, sobre las posibles interferencias de los agentes económicos en la línea editorial.
La Ministra de Cultura y Comunicación se congratula de la adopción de estas «grandes avances para la independencia de los medios de comunicación».
El Ministerio también propuso a los parlamentarios que aprobaran una enmienda gubernamental para garantizar mejor el secreto de las fuentes de los periodistas.
En un trabajo de co-construcción con la Comisión de Asuntos Culturales y la Comisión de Leyes, el texto, aprobado en primera lectura, aporta cuatro cambios importantes a las insuficiencias de la Ley de 4 de julio de 2010 en materia de protección del secreto de las fuentes.
- La extensión de la protección del secreto de las fuentes a todos los colaboradores de la redacción y al director de la publicación, donde la ley de 2010 protegía «solo» a los periodistas.
- La precisión del concepto de «imperativo preponderante de interés público» en cuyo nombre puede justificarse atentar contra el secreto de las fuentes, mediante la definición de una lista de casos limitativa.
- La prohibición de condenar a un periodista por el delito de encubrimiento de una violación del secreto de la investigación o de la instrucción, de una violación del secreto profesional o de una violación de la vida privada.
- Por último, la obligación de no poder atentar contra el secreto de las fuentes, cuando la ley lo autorice, más que bajo la autoridad de un juez.
« Es un reto democrático importante» recordó a Audrey Azoulay en su discurso ante los parlamentarios. « Ustedes conocen mi determinación de que esta reforma reclamada por la profesión sea adoptada, como el Presidente se ha comprometido a hacer ». Una promesa cumplida con la adopción de este texto.