Informe preparado por Alexandra Bensamoun, profesora de la Universidad París-Saclay, y Emmanuel Gabla, ingeniero general de minas, asistidos sucesivamente por Guillaume Leforestier y David Guillarme, relatores.

La misión confiada en enero de 2021 por Olivier Japiot, presidente del CSPLA, a Alexandra Bensamoun, profesora en la Universidad París-Saclay, y Emmanuel Gabla, ingeniero general de minas, miembro del ARCEP, con el apoyo de Guillaume Leforestier, maestro de las peticiones al Consejo de Estado, luego de David Guillarme, maestro de las peticiones en servicio extraordinario al Consejo de Estado, relatores, tenía por objeto evaluar el impacto, en particular económico, sobre los actores franceses de la protección específica, dijo sui generislas bases de datos establecidas por la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo de 1996. Este análisis tenía también por objeto contribuir a aclarar a las autoridades francesas en la negociación sobre la revisión de la Directiva de 1996.

En marzo de 2022, para tener en cuenta el retraso de la Comisión en la publicación de la propuesta de Directiva, esta misión se prorrogó hasta finales de julio de 2022.

Tras recordar las características del derecho sui generisel informe examina el proyecto de reglamento sobre los datos (dicho Data Act ») de la Comisión. El objetivo principal de este proyecto es facilitar el acceso y la utilización de los datos por parte de las empresas y los consumidores, abrirlos a terceros y prever el desarrollo de normas de interoperabilidad para eliminar los principales obstáculos al intercambio de datos. Sólo un artículo de este proyecto de reglamento está dedicado específicamente al marco jurídico de las bases de datos. Por consiguiente, la Comisión ha optado por un enfoque a mínima aportando «precisiones» al marco jurídico aplicable a las bases de datos. El derecho sui generis se presenta como un obstáculo a la circulación de datos, razón por la cual el proyecto de Reglamento propone excluir su aplicación a las bases que contengan datos generados u obtenidos por productos y servicios, lo cual no deja de plantear nuevos interrogantes. El informe señala que la decisión de no revisar la Directiva deja sin resolver las incertidumbres derivadas de su texto y de la interpretación que de ella ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia.

Los patrocinadores, que presentaron su informe a los miembros del Consejo Superior con ocasión de la sesión plenaria del 12 de julio, formulan propuestas de redacción alternativa o de establecimiento de nuevos mecanismos contractuales y legales, que permitan la apertura de las bases de datos sin impedir que sus fabricantes puedan amortizar las inversiones realizadas.