En julio de 2003, el Gobierno adoptó, en el marco del Comité Interministerial para la Sociedad de la Información, una serie de medidas para luchar contra el spam, cuya aplicación se ha confiado a la DDM. En particular, se ha creado un grupo de contacto que reúne a los principales actores de Internet, públicos y privados. Los trabajos de este grupo de contacto han permitido concebir una solución concreta: una plataforma nacional de denuncia automática de spam.
8.El marco jurídico: Legislación de Italia en materia de spam
1) Fundamentos jurídicos de la lucha contra el spam:
Definiciones de spam
En Italia se está ampliando la definición de spam desde el punto de vista del soporte de comunicación (fax, correo electrónico, sms, o mms) y del contenido del mensaje (propaganda, enlaces a sitios de pago o pornográficos, comunicaciones políticas).
- Desde el punto de vista del soporte de comunicación:
El párrafo 1 del artículo 130 del Código de Protección de Datos Personales dispone que "el envío por sistemas automáticos y sin consentimiento previo del destinatario de material publicitario, de venta directa o destinado a realizar un estudio de mercado" es ilegal. El párrafo 2 precisa que esta disposición se aplica también a "las comunicaciones electrónicas por correo electrónico, fax, mensajes de tipo mms, sms o de otro tipo".
- Desde el punto de vista del contenido:
Si la definición "clásica" de spam ("unsollicited commercial mails") consiste en el envío sistemático de correos electrónicos no solicitados de carácter comercial o publicitario, la AGPDP aboga por una definición más amplia. El criterio determinante sería entonces la falta de consentimiento previo del destinatario, independientemente del tipo de soporte y de contenido.
Ley aplicable al spam
Italia refuerza su sistema de sanciones contra los spammers.
- Código de protección de datos personales en vigor desde el 1 de enero de 2004 (por la que se aplica el Decreto-ley n o 196, de 30 de junio de 2003, por el que se transpone la Directiva europea 2002/58 sobre la intimidad y las comunicaciones electrónicas) precisa la definición de spam (véase más arriba).
Este texto deroga las dos leyes anteriores en materia de protección de la vida privada: la Ley de 1996 y el Decreto-ley de 13 de mayo de 1998 por el que se transpone la Directiva 97/66/EC sobre la protección de los datos personales.
El sistema de opt-in se mantiene en Italia, excepto para las comunicaciones derivadas de un contrato comercial (opt-out) : una empresa está autorizada a enviar un mensaje no solicitado si ofrece servicios o productos análogos al objeto del contrato, siempre que especifique las modalidades de oposición a cualquier correo electrónico posterior.
El Decreto Ley nº 196 de 2003 prevé la redacción de un código de deontología de las prácticas en Internet.
- Leyes sobre el comercio electrónico son también aplicables al spam:
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- El artículo 10 del Decreto-ley de 22 de mayo de 1999 (por el que se transpone la Directiva de 1997 sobre la protección de los consumidores respetando los contratos a distancia) dispone que la utilización por un proveedor de determinados medios de comunicación a distancia (incluido el correo electrónico) requiere el consentimiento previo del consumidor. Este texto se aplica a los contratos a distancia relativos al suministro de bienes o servicios.
- El incumplimiento de estas disposiciones se castiga con una multa administrativa de 2.582 a 5.164 euros. Estas multas pueden duplicarse en caso de infracciones graves o reiteradas. La policía administrativa dispone de la autoridad y de los poderes legales para imponer y hacer cumplir las multas, de oficio o por denuncia.
- El artículo 9 del Decreto-ley de 9 de abril de 2003 (por el que se transpone la Directiva de 2000 sobre comercio electrónico) establece que las comunicaciones comerciales no solicitadas por correo electrónico deben identificarse clara y claramente. Además, deben contener una indicación de que el destinatario puede oponerse al envío de futuras comunicaciones. La carga de la prueba del carácter solicitado de las comunicaciones recae ex lege sobre el iniciador.
- El incumplimiento de estas disposiciones se castiga con una multa administrativa de hasta 10.000 euros. La policía administrativa dispone de la autoridad y de los poderes legales para imponer y hacer cumplir las multas, de oficio o por denuncia.
- Otros textos aplicables:
- El artículo 2043 del Código Civil italiano, para todo acto voluntario o no que cause una pérdida injusta, permite a la persona que ha sufrido dicha pérdida obtener la reparación del daño por su autor. Pero la víctima debe probar no sólo la pérdida y el nexo causal, sino también el comportamiento negligente o intencionalmente perjudicial del autor.
- El Derecho contractual permite, en caso de incumplimiento de las condiciones generales de los contratos celebrados con los proveedores de acceso a Internet, interrumpir el contrato.
- Además, está pendiente una reforma de la Ley de protección de la vida privada. La medida impondría a las empresas la obligación de respetar determinados criterios mínimos de seguridad de sus sistemas informáticos.
Esfuerzos de cooperación internacional
La AGPDP ha creado un departamento internacional que desarrolla sus esfuerzos en varias direcciones, como el refuerzo de las relaciones bilaterales con terceros países para favorecer el intercambio de información y una presencia marcada ante la Comisión Europea.
Italia también es miembro de la Internet Society y participa en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
2) Autoridad independiente
En Italia no existe una autoridad administrativa encargada específicamente del spam. Sin embargo, diferentes organismos desempeñan un papel en la lucha contra el spam:
- la Autoridad Garante para la Protección de los Datos Personales, cuyo objetivo es regular las actividades que puedan constituir una violación de la vida privada, desempeña un papel creciente en la lucha contra el spam;
- la Policía de Correos y Comunicaciones, dependiente del Ministerio del Interior, controla las actividades en red;
- el Osservatorio sulla Criminalità Informatica (OCIT), creado por el Foro sobre las tecnologías de la información, sobre todas las actividades ilegales en internet en colaboración con la Universidad Bocconi;
- el Comité Nacional para la Informática en la Administración Pública (CNIPA) ejerce funciones de asesoramiento ante el Gobierno, en particular para la seguridad de las redes.
Las asociaciones de consumidores o de usuarios de las redes informáticas están también cada vez más presentes.