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Velar por los bienes culturales de dominio público
En los ámbitos de la arqueología, los archivos, las bibliotecas, los monumentos históricos mobiliarios y los museos, los servicios del Ministerio de Cultura aconsejan a los propietarios de los bienes de dominio público mobiliario en su buena conservación y, cuando sea posible, su seguridad in situ. Realizan a la vez misiones de asesoramiento y de control.
Los bienes de interés público desde el punto de vista de la historia, el arte, la arqueología, la ciencia o la técnica forman parte del dominio público mueble de la persona pública propietaria (Estado, colectividades territoriales y sus agrupaciones, establecimientos públicos), en aplicación del código general de la propiedad de las personas públicas (artículo L2112-1). Son tesoros nacionales en relación con el código del patrimonio (artículo L111-1).
Se trata, en particular, de los archivos públicos y de los archivos procedentes de fondos privados ingresados en las colecciones públicas; de los bienes arqueológicos muebles que se han convertido o siguen siendo propiedad pública; de los bienes culturales marítimos de naturaleza mobiliaria; bienes muebles clasificados o inscritos en el marco de los monumentos históricos, o situados en un inmueble clasificado o inscrito; bienes muebles de interés histórico o artístico que se hayan convertido o permanezcan en propiedad pública en aplicación de la ley de separación de las Iglesias y del Estado; colecciones de museos; obras y objetos de arte contemporáneo adquiridos por el Centro Nacional de Artes Plásticas (CNAP) y los inscritos en los inventarios del Fondo Nacional de Arte Contemporáneo (FNAC); colecciones de documentos antiguos, raros o valiosos de las bibliotecas; por último, de las colecciones públicas del Mobiliario nacional y de la Manufactura nacional de Sèvres.
A menos que hayan sido objeto de una medida formal de desclasificación, estos bienes del dominio público mueble son inalienables e imprescriptibles.
La prevención de los robos es uno de los objetivos principales de los servicios patrimoniales. En caso de denuncia de robo o desaparición y degradación voluntaria, éstos recomendarán la presentación de una denuncia y acompañarán a los propietarios públicos en sus solicitudes de restitución y en sus acciones de reivindicación, facilitando la identificación de los bienes culturales redescubiertos y su retorno a su lugar de origen. El control de las exportaciones también contribuye a esa identificación. La eficacia de estas acciones se mide por el número de restituciones, por vía amistosa o a raíz de resoluciones judiciales, a sus legítimos propietarios (Estado o colectividades territoriales) de dichos bienes culturales, que hayan sido robados o hayan desaparecido desde hace mucho tiempo
