Acojo con satisfacción la decisión de la Autoridad de la Competencia relativa a la aplicación de la Ley de derechos afines por parte de Google, que es inequívoca. 

Se trata de una etapa importante hacia la aplicación efectiva del derecho afín de los editores de prensa, instaurado en mayo de 2019 por el Parlamento Europeo y transpuesto a partir de julio de 2019 al derecho francés.

Junto con el Presidente de la República y el Primer Ministro, me he movilizado sin descanso en esta cuestión.  Con la ayuda de todas las fuerzas políticas, y el compromiso del diputado Patrick Mignola y del senador David Assouline, hemos aprobado la ley del 24 de julio de 2019. Francia fue el primer país de Europa en transponer la Directiva sobre derechos de autor mediante la creación del derecho de los editores y las agencias de prensa.

Aunque se votó, algunos querían que este derecho se mantuviera en letra muerta. Se equivocaron.  Insto a todos los actores a que comiencen cuanto antes las negociaciones. Los que utilizan los contenidos informativos deben remunerarlos. Sin esto, no hay producción de información sostenible y, por tanto, no hay democracia sostenible.

De conformidad con las instrucciones de la Autoridad de la Competencia, corresponde ahora a Google ofrecer a los editores una remuneración justa, a la altura del valor que el motor de búsqueda obtiene de los contenidos de información.  

La crisis sanitaria que atravesamos nos recuerda una vez más el carácter indispensable, en toda democracia, de la misión de informar. Esta misión tiene un coste, por lo que también tiene un precio, el de la justa remuneración de quienes la producen.

Como recordé ayer en la reunión por videoconferencia de los 27 Ministros de Cultura de la Unión Europea, debemos seguir actuando para promover el modelo europeo de regulación digital, basado en la libertad y la responsabilidad, el apoyo a la formidable creatividad que se expresa en línea y la justa remuneración de los creadores. Es una cuestión de soberanía política, cultural y económica.