Señor Presidente:

Señor Presidente y ponente de la Comisión de Asuntos Culturales y Educación,

Señoras y señores diputados,

 

Hemos llegado al final del recorrido legislativo de esta propuesta de ley, destinada a reforzar la libertad, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación. Reanudamos el examen de este texto en lectura definitiva, después del fracaso de la Comisión mixta paritaria del 14 de junio pasado, y después del rechazo expresado por el Senado a deliberar en nueva lectura, mediante la adopción de una pregunta previa, la semana pasada.

 

En la Comisión Mixta Paritaria se hizo evidente rápidamente que las posiciones expresadas por el Senado, en particular en lo que se refiere a la protección del secreto de las fuentes de los periodistas, no podían concordar con las de su Asamblea, a pesar de la unanimidad auspiciosa con que la Asamblea Nacional había aprobado la enmienda del Gobierno sobre este tema.

 

En nueva lectura, el Senado prefirió esquivar el debate mediante una cuestión de orden, tanto en comisión como en sesión pública. Por consiguiente, la aproximación de los puntos de vista no ha sido posible más allá de la primera lectura. Lamento que esta propuesta de ley no haya dado lugar al mismo trabajo en común que el proyecto de ley relativo a la creación, la arquitectura y el patrimonio.

 

Sin embargo, el trabajo iniciado en primera lectura sobre este texto había sido rico y fructífero, antes de que fuera calificado, muy recientemente, de «texto de circunstancia» por el Senado. Este texto introdujo, en muchos temas, disposiciones útiles: la obligación, para cada medio de comunicación, de adoptar una carta y transmitirla a los periodistas; la inserción de protecciones para los denunciantes - que el proyecto de ley relativo a la transparencia, la lucha contra la corrupción y la modernización de la vida económica de mi colega Michel Sapin acaba de completar y ampliar la condicionalidad y la transparencia de las ayudas públicas a las empresas de prensa; el restablecimiento de la publicidad de las cesiones de fondos de comercio en los periódicos de anuncios legales; por último, la protección del secreto de las fuentes de los periodistas, que vuestra asamblea ha incorporado a este texto desde el inicio de sus trabajos.

 

Por tanto, hoy vuestra asamblea está llamada a pronunciarse en última lectura. Quiero darle las gracias, querido Patrick Bloche, autor de esta propuesta de ley, por su trabajo y su compromiso constante.

 

En nuestras sociedades, la profusión de los modos de difusión de la información la hace omnipresente. Garantizar su calidad constituye, por tanto, un reto importante. Ahora bien, esto pasa necesariamente por la independencia de los periodistas frente, en particular, a las presiones económicas. Poner en tela de juicio esta independencia contribuiría a aumentar la desconfianza de algunos de nuestros conciudadanos hacia los medios de comunicación. Ahora bien, hoy es necesario consolidar y restablecer ese vínculo de confianza. Es un reto importante para nuestra democracia. Es también un reto para las propias empresas de medios de comunicación, ya que la fiabilidad y la calidad de la información que difunden, basada en el ejercicio profesional del periodismo, deben distinguirlas y legitimarlas en este flujo.

 

En las últimas Jornadas Europeas del Patrimonio, bajo el signo de la ciudadanía, el Ministerio de Cultura y Comunicación había decidido proponer a sus visitantes el redescubrimiento de los grandes textos fundadores de nuestra República y, entre ellos, la Ley de 29 de julio de 1881 relativa a la libertad de prensa. En esta ocasión, fue posible escuchar este extracto del gran discurso de Eugène Pelletan, presidente de la comisión senatorial sobre la libertad de prensa, puesto en imagen en 1981 cuando la ley cumplía cien años: Un gobierno débil silencia a la prensa; un gobierno fuerte la deja hablar. Es la mejor prueba que puede dar de su fuerza y de la sabiduría de la nación. » Creo que estas palabras no han perdido fuerza ni actualidad.

 

Casi un siglo y medio después de su promulgación, y aunque pueden ser necesarias adaptaciones a los nuevos desafíos de nuestro siglo, la ley de 1881 sigue dando un marco a nuestra legislación en materia de prensa, mediante una rica jurisprudencia. Por eso nos oponemos a las disposiciones adoptadas por el Senado en comisión, durante el examen del proyecto de ley «Igualdad y ciudadanía», porque es esencial no desestabilizar el ordenamiento y el equilibrio de conjunto de esta ley fundadora.

 

Por ejemplo, sería inaceptable que la acción contra un delito de prensa pudiera llevarse ante el único juez civil, haciendo correr un riesgo financiero importante a los medios de comunicación, condenados a pagar daños y perjuicios. También en este caso está en juego la independencia de la prensa y su capacidad de investigación.

 

En la línea de la ley del 29 de julio de 1881 se inscribe el texto que se presenta de nuevo a vuestra asamblea hoy. Refuerza las protecciones necesarias para la libertad de información y adopta un nuevo enfoque, creando garantías internas para las empresas de prensa.

 

Por lo tanto, es perfectamente coherente volver sobre la cuestión de la protección del secreto de las fuentes, habida cuenta del carácter insuficientemente protector de la Ley de 4 de enero de 2010. Permítanme recordar las nuevas garantías introducidas por este texto, que constituyen un verdadero avance. Para los casos limitados, en los que el secreto de las fuentes puede ser levantado durante una investigación judicial, el texto trata de definir con precisión una lista de los delitos más graves de nuestro Código Penal. Amplía la protección de las fuentes a los colaboradores de la redacción y al director de la publicación, a fin de abarcar la cadena de producción de la información en su totalidad. En la práctica, es una garantía esencial.

 

También garantiza la protección del periodista contra las acciones judiciales por encubrimiento de violación del secreto de la investigación o de la protección de la vida privada. Por último, punto principal del texto, prevé la intervención previa de un magistrado independiente de la instrucción en curso para autorizar o no una medida de investigación sobre las fuentes de un periodista. Hemos logrado estos avances juntos, gracias a los trabajos en la duración de su Comisión y a su aprobación unánime de la enmienda del Gobierno. Hemos sabido encontrar un equilibrio que respeta tanto las recomendaciones formuladas por el Consejo de Estado cuando se presentó el proyecto de ley en junio de 2013 como la jurisprudencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 

Señorías, esta legislatura ha trabajado para reforzar la independencia de los medios de comunicación. Fue uno de los compromisos del Presidente de la República, que la acción continua del Gobierno ha traducido en hechos, y que su Asamblea habrá consagrado en la ley.

 

En primer lugar, mediante la Ley de 15 de noviembre de 2013, se reforzaron las garantías de independencia del Consejo Superior de Medios Audiovisuales - CSA - y de la Comisión de Radiodifusión. La designación de sus miembros debe ser aprobada por una mayoría de tres quintas partes de las comisiones parlamentarias: se trata de una innovación importante que impone un acuerdo con la oposición parlamentaria. La independencia del sector audiovisual público fue restablecida por esta misma ley, ya que el poder de nombramiento de los presidentes del sector audiovisual público, que había sido confiscado por el ejecutivo, se devolvió al CSA. Hemos devuelto su independencia al sector audiovisual público, después de este paréntesis de otra época, que iba hacia atrás en la historia.

 

El papel del audiovisual público en materia de programas e información es esencial, tanto en Francia como en nuestros principales vecinos europeos, y defendemos este modelo europeo, inscrito en la historia de nuestras democracias, de un audiovisual público fuerte e independiente. Hemos trabajado juntos en ello. Asimismo, al decidir crear una ayuda para los medios de comunicación de proximidad y las empresas emergentes que crean nuevos medios, el Gobierno apuesta por la independencia y las nuevas formas de expresión periodística.

 

La aprobación de este proyecto de ley sobre la independencia de los medios de comunicación completará este edificio - un edificio que tiene una gran vocación. Se trata de la independencia de los periodistas, de los medios de comunicación privados y de los medios de comunicación públicos, de televisión, de radio o de prensa. Se trata de la pluralidad, la fiabilidad y la calidad de la información. Se trata de la confianza de nuestros ciudadanos y de la vitalidad de nuestra democracia.