Audrey Azoulay, ministra de Cultura y Comunicación, ha presentado hoy al Consejo de Ministros un decreto que contiene diversas disposiciones relativas a la profesión de arquitecto.

 

Este decreto, que extrae las consecuencias de la Ley nº 2016-925, de 7 de julio de 2016, relativa a la libertad de creación, la arquitectura y el patrimonio, moderniza las normas electorales del Consejo del Colegio de Arquitectos a nivel regional y nacional introduciendo nuevos parámetros que favorecen la paridad y la representatividad de los territorios. En efecto, los consejos regionales del Colegio de Arquitectos corresponden ahora a las nuevas regiones surgidas de la Ley nº 2015-991, de 7 de agosto de 2015, sobre la nueva organización territorial de la República. Varios consejos se fusionan y el número de consejeros se adapta al número de inscritos por región, manteniendo al mismo tiempo la equidad de todas las regiones a nivel nacional. También se crea un consejo regional común en La Reunión y Mayotte.

 

Este decreto refuerza también la lucha contra el fraude y las firmas ilícitas en materia de permisos de construcción y de acondicionamiento, estableciendo la obligación para los arquitectos de declararlos ante el consejo regional del que dependen. El decreto precisa también que el silencio de la administración sobre las solicitudes de inscripción en el cuadro regional presentadas en los consejos regionales equivale a una decisión implícita de rechazo. Por último, el decreto adopta disposiciones que permiten integrar el conjunto de las prácticas profesionales que se desarrollan. Refuerza así las acciones en favor del desarrollo económico y la estructuración de las empresas de arquitectura, de conformidad con la medida 27 de la estrategia nacional de arquitectura. Así, la información que debe figurar en los registros y listas del cuadro, en particular en lo que respecta a las sucursales, será ahora más completa.