La Asamblea Nacional aprobó el lunes 18 de julio de 2016, en nueva lectura, el proyecto de ley sobre la libertad, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación, presentado por Patrick Bloche y los miembros de la Comisión de Asuntos Culturales. Este texto ratifica avances importantes para la independencia de la información, en particular con el refuerzo de la protección del secreto de las fuentes de los periodistas, apoyada por la ministra de Cultura y Comunicación, Audrey Azoulay.

« Es un reto democrático importante» recordó a Audrey Azoulay en su discurso ante los parlamentarios en primera lectura: Ustedes conocen mi determinación para que esta reforma reclamada por la se adopte, como se comprometió el Presidente ».

En un trabajo de co-construcción con los diputados, el texto aporta cuatro evoluciones importantes a las insuficiencias de la Ley de 4 de julio de 2010 en materia de protección del secreto de las fuentes.

  • Supresión del concepto vago «de imperativo preponderante de interés público» de la Ley de 2010, en cuyo nombre puede justificarse atentar contra el secreto de las fuentes, sustituyéndolo por una lista precisa y limitada de motivos definidos por la gravedad de las infracciones de que se trate.
  • Extensión de la protección del secreto de las fuentes a todos los colaboradores de la redacción y al director de la publicación, donde la ley de 2010 protegía «solo» a los periodistas.
  • Prohibición de condenar a un periodista por el delito de encubrimiento de una violación del secreto de la investigación o de la instrucción, de una violación del secreto profesional o de una violación de la vida privada.
  • Sólo podrá atentar contra el secreto de las fuentes, cuando la ley lo autorice, bajo la autoridad del juez de libertades y detención, magistrado independiente del procedimiento de instrucción.

«Estas garantías son esenciales para la vitalidad de nuestras democracias, permiten a los ciudadanos acceder a una información pluralista e independiente, garantía de verdadera democracia» recordó a la Ministra.

El examen del texto en el Senado en mayo pasado se tradujo en un verdadero retroceso, consistente en volver a la ley del 4 de enero de 2010 (Ley Dati) actualmente en vigor. En efecto, muchas organizaciones de periodistas consideran que esta ley es demasiado poco protectora del secreto de las fuentes, pero también hay editores de prensa que pedían que se precisara, en particular aclarando los casos en que puede levantarse el secreto de las fuentes.

Retomando los avances manifiestos del texto aprobado en primera lectura en la Asamblea Nacional, el Gobierno presentó en sesión pública una enmienda de coherencia sobre los casos que justificaban el levantamiento del secreto de las fuentes, que fue aprobada.

En virtud de esta enmienda, el juez está facultado para investigar las fuentes de los periodistas por los delitos punibles con un mínimo de 7 años de prisión, frente a 10 años en primera lectura.