Marie Sirinelli, primera consejera del Tribunal Administrativo de Apelación de París, recibió el 6 de diciembre de 2013 una «misión de peritaje independiente, destinada a efectuar un análisis comparativo, tanto jurídico como político, de las experiencias extranjeras en materia de instancias de deontología y recoger en un informe las posiciones de los diferentes actores franceses interesados».
Presentó su informe a Aurélie Filippetti, ministra de Cultura y Comunicación, el 13 de febrero de 2014.
 
Marie Sirinelli ha dirigido una treintena de audiencias que han permitido a los actores de la profesión y a numerosos expertos o responsables asociativos presentar su análisis y su opinión sobre la oportunidad y las posibles modalidades de creación de una instancia encargada de la deontología de la información en Francia, tanto para la prensa escrita como para el sector audiovisual.
 
También ha recogido numerosos elementos de análisis de las experiencias extranjeras en los países que han establecido tales órganos. Este análisis comparativo pone de relieve que en cada país existe una historia de los medios de comunicación y un marco jurídico específico para la libertad de prensa.
El papel de los poderes públicos es aceptado de distintas maneras cuando se trata de las relaciones con la prensa y los medios de comunicación.
 
El informe de la señora Sirinelli es un hito importante en la reflexión indispensable que llevan a cabo en Francia los profesionales y las asociaciones que se dedican a la deontología de la producción de la información.
Constituye un inventario valioso de las posiciones en presencia y de sus motivaciones.
 
En los últimos años, la reflexión sobre los medios de información ha hecho que las cuestiones éticas ocupen un lugar cada vez más importante en todos los medios de comunicación. Aunque no existe todavía un consenso firme sobre las modalidades de la encarnación de esta deontología, aparecen algunos puntos de convergencia. Se trata de afirmar lo que hace hoy la distinción del oficio de periodista y de privilegiar una lógica de autorregulación de las cuestiones relativas a la ética más que una regulación pública.
 
En este contexto, las pistas de reflexión abiertas por el informe combinan, de manera graduada, la ambición de la autorregulación voluntaria y la intervención más o menos incitadora de los poderes públicos. Deben permitir a la profesión avanzar hacia una autorregulación más ambiciosa en la perspectiva, en particular el debate parlamentario sobre la protección de las fuentes, que sin duda será la ocasión de evocar el delicado equilibrio que debe existir entre la libertad y la responsabilidad de los periodistas.