El voto unánime del Senado de la propuesta de ley que vuelve al espíritu de la Ley del precio único del libro de 1981 en lo que respecta a la entrega a domicilio de los libros impresos y que permite la modernización del contrato de edición en la época digital subraya la convergencia de opiniones del conjunto de las fuerzas políticas del país en materia de preservación de la diversidad cultural en materia de libros.
Esta ley es protectora para los autores que ven clarificado el entorno jurídico de sus derechos con respecto a los libros digitales, tras un trabajo de varios años de diálogo con los editores. Demuestra la capacidad de las herramientas del derecho de autor para adaptarse a la era digital.
Esta ley protege la diversidad de los canales de venta de libros impresos, reintroduciendo condiciones de competencia equitativas entre los diferentes actores, habida cuenta del desarrollo de la venta a distancia de libros.
A este respecto, la aprobación definitiva de la ley representa la culminación de una de las medidas concretas del plan del Gobierno en favor de las librerías independientes.
Desde 2012, de conformidad con el compromiso presidencial, se han movilizado 18 millones de euros en favor de estas librerías, lo que permite la creación de herramientas adaptadas al apoyo de su tesorería, la creación de un mediador del libro, la adquisición de 39 librerías de la antigua red Capítulo y la firma de convenios entre las Regiones y el Centro Nacional del Libro para reforzar la eficacia de los dispositivos en el conjunto de los territorios.