El Presidente de la República y el Primer Ministro han estimado que no es posible, cualquiera que sea la redacción prevista, introducir en nuestra Constitución una disposición que permita ratificar la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, sin introducir una contradicción importante con los artículos 1 y 2 de la Constitución.

Sin embargo, Francia asumió compromisos cuando firmó la Carta en 1999. Estos compromisos, contenidos en la Parte III de la Carta, fueron considerados conformes a la Ley fundamental por el Consejo Constitucional en 1999. Así, pueden constituir la base de políticas públicas en favor de las lenguas regionales.

Aurélie Filippetti, Ministra de Cultura y Comunicación, confirma que los trabajos del «Comité consultivo para la promoción de las lenguas regionales y de la pluralidad lingüística interna» que instaló el pasado 6 de marzo, y cuya misión es «esclarecer a los poderes públicos sobre las modalidades de aplicación de los compromisos suscritos por Francia, así como sobre el perímetro de las lenguas afectadas, y más en general, formular recomendaciones destinadas a valorizar la pluralidad lingüística interna de nuestro país».

A la luz de las recomendaciones del comité, la Ministra decidirá en junio próximo - previa consulta a los parlamentarios y a las diferentes partes interesadas - si parece oportuno traducir estos compromisos en textos reglamentarios y legislativos.