Creada en 1985, la «remuneración por copia privada» tiene por objeto compensar a los derechohabientes (autores, artistas y productores) el perjuicio vinculado a la copia privada de sus obras. Esta remuneración se abonará a los derechohabientes a través de la sociedad Copie France, que la percibirá del conjunto de los soportes de registro y su baremo será fijado por una comisión administrativa compuesta por representantes de los derechohabientes, fabricantes de soportes de grabación y consumidores.
Este canon, pagado inicialmente por la compra de soportes de grabación vírgenes como casetes y CD, se ha ido adaptando progresivamente a las evoluciones tecnológicas y los teléfonos móviles constituyen hoy la principal fuente.
La «remuneración copia privada» permitió generar alrededor de 300 millones de euros en 2021 y participa activamente en la remuneración de los derechohabientes y en la financiación de la vida cultural francesa. No obstante, este dispositivo presenta márgenes de mejora en lo que se refiere a la determinación de las sumas percibidas y a su distribución. Además, parece frágil en un contexto de transformación de los usos introducido por el streaming.
Misión de la Inspección General de Finanzas (IGF) y de la Inspección General de Asuntos Culturales (IGAC) preparó el informe del Gobierno al Parlamento solicitado por la Ley de 15 de noviembre de 2021 destinada a reducir la huella medioambiental del digital en Francia y presentado al Parlamento en octubre de 2022. Esta misión formula una serie de propuestas a varios niveles con el fin de:
- mejorar la gobernanza del dispositivo, permitiendo una mejor participación de las partes interesadas y un enriquecimiento de la colegialidad de las decisiones;
- adaptar el método de cálculo de la remuneración por copia privada a la realidad de los usos culturales y mejorar su transparencia y aceptabilidad;
- simplificar las exenciones y reembolsos de los usos profesionales de soportes de registro.