Misión confiada a Maxime Boutron, maestro de las peticiones al Consejo de Estado, en colaboración con Alexandre Trémolière, maestro de las peticiones al Consejo de Estado.
Las políticas de «ciencia abierta» tienen como objetivo la difusión sin obstáculos de los resultados, métodos y productos de la investigación científica. Uno de los principales instrumentos hoy movilizados al servicio de la «ciencia abierta» es el acceso abierto, o Open Access, que consiste, según modalidades por otra parte muy diversas, hacer accesibles gratuitamente las publicaciones científicas en Internet y facilitar su explotación, en particular con fines de investigación.
El artículo L. 533-4 del Código de Investigación, derivado de la Ley de 7 de octubre de 2016 para una República Digital, garantiza así el derecho de los investigadores a presentar en formato digital sus artículos financiados mayoritariamente con fondos públicos en un archivo abierto a la expiración de un plazo que comienza en la fecha de la primera publicación (seis meses para una publicación
en el ámbito de las ciencias, la técnica y la medicina y doce meses en el de las ciencias humanas y sociales).
El establecimiento de los plazos de embargo es el resultado de un compromiso entre, por una parte, la consideración del modelo económico de la actividad editorial, dejando a los editores un tiempo de explotación exclusivo de sus publicaciones, y, por otra, el objetivo de una amplia difusión del conocimiento lo más rápida posible.
Por otra parte, la ley preserva los derechos de autor de los investigadores, ya que no les impone la puesta a disposición de sus escritos al expirar los plazos de embargo, sino que se limita a garantizarles una facultad en este sentido.
Más allá de este dispositivo legislativo, han podido surgir reflexiones para desarrollar aún más la apertura de la ciencia. El «plan S» adoptado a nivel europeo por las coaliciones, que agrupa a los organismos de financiación de la investigación, promueve así una «estrategia de no cesión de derechos».
Las conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la evaluación de la investigación y la aplicación de la ciencia abierta de 10 de junio de 2022 consideran que «los autores de publicaciones de investigación o sus instituciones deberían conservar, en una medida suficiente, los derechos de propiedad intelectual, para garantizar un acceso abierto a dichas publicaciones».
El Defensor del Libro publicó también el 11 de marzo de 2022 un proyecto de dictamen sobre la edición científica, en el que da cuenta de los delicados equilibrios que deben garantizarse en el marco de la política de ciencia abierta, incluidas las cuestiones de cesión de derechos.
Por otra parte, los organismos de investigación tienden cada vez más, en la práctica, a evaluar a los científicos que dependen de ellos teniendo en cuenta su propensión a publicar nativamente en publicaciones de acceso abierto y a no ceder sus derechos, lo que no está exento de riesgo contencioso.
En este contexto, Olivier Japiot, presidente del Consejo superior de la propiedad literaria y artística (CSPLA), confió a Maxime Boutron, maestro de las peticiones al Consejo de Estado, una misión destinada a examinar las modalidades de aplicación del marco legislativo y reglamentario actual en relación con el objetivo esencial de encontrar un equilibrio entre una amplia difusión de los trabajos en el ámbito de la ciencia y la vitalidad de la edición científica. La misión se dedicará, a continuación, a analizar las propuestas de evolución de este marco que se presentan actualmente, en Francia o a nivel de la Unión Europea, y a evaluar sus retos en términos de propiedad literaria y artística, y, en particular, en lo que se refiere a la posibilidad de que los autores investigadores dominen la forma en que se ponen a disposición sus publicaciones.
Esta misión se llevará a cabo en colaboración con Alexandre Trémolière, maestro de las peticiones al Consejo de Estado.
La misión presentará sus conclusiones a finales de 2023.