Señor Presidente, señora Presidenta de la Comisión de Asuntos Culturales y Educación, señor ponente, estimado Franck RIESTER,

Cuando vine a presentarles este proyecto de ley, el 21 de julio pasado, tuve la intención de situarlo en una perspectiva más amplia.

Siempre he subrayado que, en mi opinión, este dispositivo es necesario, pero no suficiente. Para mí, la regulación de Internet prevista por este proyecto y por el anterior, que completa para tener en cuenta la decisión del Consejo Constitucional del pasado 10 de junio, no es más que un primer hito.

Este es el requisito previo para una segunda etapa: el desarrollo de nuevas ofertas culturales en Internet, y nuevas fuentes de remuneración para los creadores.

Así pues, hace unos días inicié una amplia concertación de todos los actores de la Cultura, pero también de Internet. He confiado esta misión a personalidades eminentes, independientes y respetadas por todos: Patrick ZELNIK, Jacques TOUBON y Guillaume CERUTTI.

Antes de finales de noviembre presentaré propuestas al Presidente de la República y al Primer Ministro. Todos los creadores de nuestro país los esperan, hay que actuar rápidamente, y estoy decidido a ello.

Como pueden ver, mientras el Parlamento realizaba los trabajos necesarios para la discusión y la aprobación de este proyecto de ley, no me quedé inactivo.

He intentado hacer que el dispositivo que instaura - el de la colaboración entre el HADOPI y las autoridades judiciales - adquiera todo su sentido a los ojos de nuestros conciudadanos: el de un mecanismo esencialmente pedagógico de lucha contra la piratería, indisociable de la instauración de un nuevo modelo de difusión y financiación de las obras culturales. De este modo garantizaremos su aplicabilidad y eficacia.

Tras la presentación por el ponente del proyecto de ley y de las mejoras introducidas por la Comisión mixta paritaria, me abstendré de volver sobre el dispositivo. Prefiero aprovechar esta ocasión para seguir desenredando, incansablemente, las ideas falsas de las que se teje la incomprensión con la que a veces se acoge este texto.

  • Recuerdo, en primer lugar, que el edificio del que vamos a poner el último ladrillo no fue imaginado por tecnócratas aislados de las realidades, sino por los propios actores de la cultura y de Internet. Es la aplicación de los acuerdos históricos firmados en el Elíseo el 23 de noviembre de 2007 por un conjunto de cerca de 50 organizaciones representativas y empresas de la música, del cine, de la televisión, y por todos los proveedores de acceso a Internet.
  • En segundo lugar, ambas leyes suponen un gran avance para el consumidor:
    • Una aceleración de la puesta a disposición de las películas: a partir de ahora estarán disponibles en DVD y en VOD apenas cuatro meses después de su estreno en salas, en lugar de seis meses y siete meses y medio antes. Se trata de una verdadera medida concreta que va a cambiar el comportamiento del consumidor.
    • A continuación, las discográficas han eliminado todos los «bloqueos digitales» anticopia de las piezas de música descargadas a la unidad; es decir, a partir de ahora, cuando se compra en línea una música, se podrá copiarla para su uso personal y familiar, tan fácilmente como una cinta.

El otro punto al que quiero volver, y que es quizás el más importante después de las polémicas irrazonables, desproporcionadas, a las que han dado lugar las dos leyes: es que, contrariamente a las caricaturas, su vocación es esencialmente pedagógica.

El núcleo de su mecanismo reside en los recordatorios a la ley enviados por la Alta Autoridad para la difusión de las obras y la protección de los derechos en Internet. Las sanciones han sido concebidas únicamente como un elemento de disuasión, que complementa la serie de advertencias del HADOPI.

Las sanciones serán probablemente bastante raras, porque creo en la eficacia de esta disuasión. Pero la perspectiva de la sanción señalará que Internet no debe ser un lugar sin derecho. Es un espacio rápido, donde se «surfea»: sin embargo, no debe ser un espacio en el que el derecho se volatilice y se convierte en «virtual».
Este enfoque no es reactivo y negativo. Quiere construir, a largo plazo, un nuevo enfoque de Internet. Se trata de establecer claramente el principio de Internet como espacio civilizado - con lo que ello implica como protección de los derechos elementales de cada uno.

No seamos ingenuos: sabemos que lo que decidimos en el mundo «virtual» de Internet tiene implicaciones en lo real. Que no es bueno dejarse llevar por la ilusión de un mundo paralelo donde nada pesa, donde triunfaría lo insostenible, la excesiva ligereza de la Red. Pascal cuenta que un campesino que pasa la mitad de su vida soñando que es rey vale la pena un rey que pasa la mitad de su vida soñando que es un campesino... Los «mundos traseros» que creamos tienen más influencia y poder de lo que se cree sobre el mundo real: le piden prestado, pero a cambio lo moldean, le dan sus nuevas formas, sus hábitos. Por ello, si Internet es un instrumento formidable, su campo no debe dejarse en barbecho jurídico. No debe escapar a nuestra vigilancia y a la regulación que fundamenta nuestras sociedades de derecho.

El Presidente de la República nos ha mostrado lo que puede hacer la voluntad política: derrocar un dogma, el del laissez-faire, del saqueo inmoral de la economía real de las empresas por la economía virtual de los mercados financieros.

Quiero hacer lo mismo por el saqueo de las obras en nombre de una libertad mal entendida. La libertad no es la licencia, el liberalismo no es la selva.

¿Qué quieren los demagogos del laissez-faire que confunden la juventud con el jeunismo? ¿La gratuidad para todas las obras de los artistas, con el pretexto de que están en la Web?

He hecho del digital una de las prioridades de mi acción en el Ministerio de Cultura y Comunicación. He entrado en el debate sobre la digitalización de los impresos entre un gigante americano y la Biblioteca Nacional de Francia. Hice que Francia interviniera en el proceso que enfrenta a Google con los editores americanos, ante los tribunales neoyorquinos - y con cierto éxito de nuestras tesis, parece. He pedido que una parte del Gran Préstamo se dirija a esta necesidad de la modernización de nuestro patrimonio, que reside en la aceleración y la coherencia de su digitalización.

Y donde la gratuidad es posible he actuado concreta y rápidamente: desde este verano he decidido aplicarla a la entrada en los museos y monumentos nacionales, para todos los jóvenes menores de 26 años que residen regularmente en la Unión Europea, independientemente de su nacionalidad.

Pero la gratuidad de las obras de autores, de compositores, de intérpretes, de guionistas, de realizadores vivos, ¡solo sería magnífica en un mundo ideal! La financiación de sus obras no está asegurada, como en el caso de los museos o monumentos, por el impuesto de los ciudadanos o las generosas gratificaciones de un mecenas, sino por el consentimiento del público de sus admiradores a pagarles.

En segundo lugar, repito, la ley apunta a un gran número de personas: modificar el comportamiento de la masa de los internautas, llamar la atención sobre las consecuencias de la piratería para los creadores y sobre las sanciones aplicables.

Evidentemente, siempre será posible para los «pequeños astutos» escapar momentáneamente de las sanciones desplegando muchos conocimientos técnicos: cifrando sus intercambios, por ejemplo.

Será obra de una ínfima minoría, como en todas las formas de delincuencia; y las técnicas de detección evolucionarán al mismo tiempo que las técnicas de ocultación: es un proceso eterno que nunca ha disuadido de luchar contra la delincuencia. Pero hay que acabar con el romanticismo del «pirata» genial del Internet y del gángster fascinante. Es mucho menos «glamuroso» que eso, los piratas de Internet: son obras malogradas, y la diversidad cultural comprometida.

Por otra parte, si nuestro enfoque fuera tan infundado, no sería cada vez más imitado.

Se decía, se repetía que Francia estaba aislada, que se metía en la oposición, en la confrontación; parece más bien, al mirar lo que hacen los demás países, que simplemente estaba a la vanguardia, porque nuestra filosofía se imita en todas partes: Irlanda, Taiwán, Corea del Sur para citar a los más cercanos a nuestro modelo; ya se observan resultados espectaculares en Suecia; hace dos semanas más, Peter Mandelson, ministro laborista de Comercio del Reino Unido, lanzó anuncios contundentes.

Todo el mundo sabe que en el ámbito de la cultura, Francia no es un actor como los demás, que siempre ha desempeñado un papel pionero. Este año celebramos el cincuentenario del ministro de Cultura y Comunicación. Se burlaban de él, sin duda con el pretexto de que las artes y los artistas no necesitaban el apoyo público. Pues bien, para imaginar soluciones contra la piratería, muchos países, y en particular los que acabo de citar, nos observan, nos imitan, nos alcanzan. Así como varias decenas de países, en cincuenta años, se han dotado de un ministerio de Cultura. Es una forma de «piratería» que podemos ver con satisfacción...

En cierto sentido, no importa el contenido exacto del dispositivo de protección. Las técnicas evolucionarán aún más con la velocidad que las caracteriza. Pero los avances de la técnica no deben conducir a la obsolescencia de los principios.

Los artistas lo entienden. Los creadores, las empresas del cine, la música y la Internet han prestado un apoyo masivo al proyecto del Presidente de la República y al Gobierno. Recuerdo muy especialmente el apoyo de todas las PYME de la cultura, de esta red repleta de pequeñas empresas que son las primeras víctimas de la piratería porque son ellas las que asumen el mayor riesgo, apoyando a jóvenes talentos, con medios a veces irrisorios.

Esta ley no es, pues, la «ley de los majors», ni de ningún interés particular. Es la ley de todos los creadores y de los jóvenes talentos y, en definitiva, de sus audiencias. De los que he visto, oído, admirado, durante mis desplazamientos por Francia durante todo el verano: en Marciac, Lussas, en Saintes...

Esta ley demuestra nuestro compromiso con los principios fundacionales de un espacio cultural civilizado.

Pretende, en una concepción equilibrada de las relaciones sociales, conjugar las exigencias de la accesibilidad y del derecho de autor, de la modernidad de los soportes y de la perennidad de los principios, y recurre para ello, un sistema de acompañamiento jurídico de las evoluciones técnicas y de regulación del mercado.

Con ello, pretendemos promover y prolongar la continuidad misma de nuestra concepción del mundo y de los valores defendidos, desde siempre, por la Asamblea Nacional, más allá de las divisiones y las afiliaciones.