Patrice Martin-Lalande, nombrado el pasado 30 de mayo parlamentario en misión por el Primer Ministro, ante el ministro de Cultura y Comunicación para «formular propuestas que permitan asegurar el marco jurídico del videojuego», entregó sus propuestas a los Sres. François Fillon y Frédéric Mitterrand.
El trabajo de consulta y concertación de los diferentes actores implicados (organizaciones profesionales representativas, sociedades de autores, empresas de creación y edición, creadores) constituyó una parte considerable de esta misión, debido a la persistencia de divergencias múltiples entre estos actores, desde los trabajos realizados en 2005 por el Consejo Superior de la Propiedad Literaria y Artística (CSPLA).
Frédéric Mitterrand se felicita de que el trabajo realizado por Patrice Martin-Lalande haya permitido comenzar a restablecer un diálogo en el que cada uno ha dado muestras de una serie de aperturas.
Frédéric Mitterrand y Patrice Martin-, convencidos desde hace tiempo de que Francia posee bazas envidiables y mundialmente reconocidas para la creación de videojuegosLalande desea que el trabajo de concertación y mediación llevado a cabo durante esta misión pueda conducir a los acuerdos necesarios en el seno de la comunidad de profesionales del sector, así como entre estos últimos y las sociedades de autores, para mejorar el marco jurídico existente.
Las propuestas se centran en la continuación y, si es posible, la culminación de esta concertación - en particular bajo la égida del Centro Nacional del Cine y de la Imagen Animada (CNC) -, para que, a semejanza de los avances obtenidos recientemente para el estatuto de la prensa en línea, el sector de los videojuegos se pone de acuerdo sobre una serie de cuestiones, antes de cualquier posible integración de nuevas disposiciones legislativas o reglamentarias para adaptar el marco jurídico existente.
Las audiencias que Patrice Martin-Lalande celebró en París, Bruselas ante las instancias comunitarias y en Ginebra ante la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)demuestran que los riesgos jurídicos no pueden reducirse recurriendo a la creación de un «estatuto jurídico del videojuego» que no existe en ningún país productor y que no está inscrito ni en la agenda de la Unión Europea ni en la de la OMPI. Por ello, es indispensable, según el diputado, organizar la concertación a nivel interprofesional para definir normas comunes y proponer así adaptaciones del marco jurídico existente, justificadas por las especificidades de la creación de videojuegos.
Patrice Martin-Lalande estima por otra parte que, paralelamente a estos aspectos jurídicos, el entorno económico y fiscal del videojuego debe ser objeto de toda la atención de los poderes públicos con el fin, en particular, de aumentar los mecanismos de apoyo a esta industria cultural, en su caso, en el marco de las «inversiones de futuro», adaptar en caso necesario el dispositivo del crédito fiscal para videojuegos y redefinir la formación en las profesiones del videojuego como complemento del éxito de algunas escuelas de enseñanza superior reconocidas mundialmente.