Al firmar el 23 de noviembre de 2007 el Acuerdo para el desarrollo y la protección de obras y programas culturales en las nuevas redes, el Gobierno se comprometió a: «proponer al Parlamento los textos legislativos y adoptar las medidas reglamentarias que permitan aplicar un mecanismo de advertencia y sanción destinado a desincentivar las infracciones de los derechos de propiedad intelectual en las redes digitales». Según el texto, este mecanismo debía ser «dirigido por una autoridad pública especializada, bajo el control del juez, para garantizar los derechos y libertades individuales».